Los graves y sistemáticos abusos cometidos en Venezuela y la impunidad generalizada en la mayoría de estas violaciones requieren una implicación mayor de la Corte Penal Internacional (CPI) para identificar a los culpables y otorgar Justicia a las víctimas, según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

En su segundo informe a distancia - las autoridades le deniegan el acceso al país- sobre la situación de las libertades fundamentales en Venezuela, presentado hoy, el organismo denuncia cientos de homicidios, presuntas ejecuciones sumarias, uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes, torturas y detenciones arbitrarias por las fuerzas de seguridad.

"Dado que el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos, existen sólidas razones para considerar una mayor implicación de la CPI en esta materia", afirmó el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, en un comunicado.

En febrero de este año, la fiscal de la CPI anunció la apertura de un examen preliminar para analizar los supuestos crímenes de lesa Humanidad cometidos en Venezuela en el contexto de las protestas y la agitación política de abril a julio de 2017.

La Oficina ya entregó a la CPI el informe que realizó sobre las protestas y en breve entregará el presentado hoy y, en función de acuerdos pre-establecidos, dará más información y contactos si así le fuera requerido.

"Nuestras investigaciones muestran ciertos patrones de violaciones a los derechos humanos que en algunos casos, como las detenciones arbitrarias o casos de torturas, han sido sistemáticas y que se repiten en varias partes del país, no son hechos aislados. Y esto puede sentar las bases para las investigaciones que la Corte Penal está haciendo", afirmó en declaraciones a Efe uno de los autores del texto, Carlos de la Torre.

El investigador agregó que otra revelación clara del estudio ha sido la "falta de voluntad de las autoridades para investigar casos de violaciones y la CPI es un órgano que puede actuar si las víctimas no acceden a la Justicia del propio país", completó De la Torre.

Concretamente, el informe documenta las presuntas ejecuciones sumarias de al menos 505 personas a manos de las fuerzas de seguridad con un mismo patrón: incursiones en los barrios pobres con el fin de detener a los "criminales" sin orden judicial y manipulación del lugar de los hechos para simular enfrentamientos y poder afirmar que las muertes fueron el resultado de intercambios de disparos.

La Fiscalía inició 373 investigaciones, pero a día de hoy no hay información sobre ninguna.

En el informe se denuncia también la aparente "impunidad generalizada en beneficio de las fuerzas de seguridad presuntamente responsables de la muerte de al menos 46 personas durante las protestas de 2017".

De las 54 órdenes de detención cursadas por la anterior Fiscal General contra agentes de las fuerzas del orden por esos hechos, solo hay conocimiento del inicio de un juicio formal.

Según interlocutores de la sociedad civil, al menos 12.320 opositores políticos o personas consideradas como opositoras o como amenazas para el Gobierno fueron detenidos arbitrariamente entre enero de 2014 y abril de 2018.

Y, hasta la fecha, aún hay, 280 personas "arbitrariamente privadas de libertad por expresar sus opiniones políticas, por ejercer sus derechos o por ser consideradas una amenaza al Gobierno".

Además, el informe documenta unos 90 casos de detenidos sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes desde 2014, lo que "en muchos casos puede llegar a constituir tortura".

Esos actos comprendieron descargas eléctricas, golpes con tubos de metal y bates de béisbol, violaciones y otras formas de violencia sexual, asfixia con bolsas de plástico y productos químicos, simulacros de ejecución y privación de agua.

En el texto también se refiere a la grave crisis alimentaria por la que atraviesa el país y acusa al Gobierno de Venezuela de "ignorar" su dimensión.

"En el informe determinamos que hubo unas políticas sociales y económicas que desencadenaron esta situación. Pero además hay una inacción de las autoridades en mitigar el impacto de esas políticas, por lo que hay una clara responsabilidad del Estado por haber generado una situación y por no mitigarla", subrayó De la Torre.

En marzo de 2018 una familia debía ganar 57 veces el salario mínimo para poder adquirir la cesta de la compra mensual básica.

Según cifras citadas en el informe, el 87 % de la población de Venezuela está afectada por la pobreza, el 61,2 % se encuentra en situación de pobreza extrema y se ha constatado un rápido incremento de la desnutrición infantil.

"Cuando una caja de leche materna cuesta más que dos veces el salario mínimo y protestar contra una situación tan desesperante puede llevar a la cárcel, la extrema injusticia se manifiesta con toda su violencia", concluyó Zeid. 

EFE